A casi cuatro décadas del inicio de la Tercera Ola Democrática, en los últimos cuatro lustros han surgido algunos regímenes “democráticos socialistas”. Los de Venezuela y Nicaragua son dos ejemplos de estos.
Sus denominadores comunes: el autoritarismo en nombre de la democracia, la megalomanía y la concentración de poderes, violación sistemática de los derechos humanos e intolerancia de opiniones contrarias.
No se puede confundir la democracia con poder elegir a los representantes. Si bien el voto y la regla de mayoría son mecanismos típicamente democráticos, no son exclusivos de los sistemas democráticos.
Lamentablemente, América Latina es un buen “banco de pruebas” para la constatación de este fenómeno: la persistencia de diversas formas de autoritarismo (Muñoz) que, apoyados en el voto y la regla de mayoría, pretenden perpetuarse en el poder.
Es en nuestra región donde más se defiende la coincidencia de la democracia con la regla de mayoría, apelándose a un concepto de democracia identificada como ideal del poder visible: no la tendencia hacia el máximo control del poder por parte de los ciudadanos, sino al contrario, hacia el máximo control de los súbditos por parte de quien detenta el poder (Bobbio).
La democracia es un sistema de normas (procedimientos y reglas) mínimos, hijo de un sistema de ideas y como tal la regla de mayoría y el voto no pueden ser concebidos como simples mecanismos plebiscitarios, pues ambos están relacionados con el contenido de los derechos políticos, pero pierden relevancia, si no se atan también a los derechos de libertad; que Bobbio llama, justamente, derechos contra la mayoría.
Es cierto que Venezuela tiene un régimen autoritario, con una gran secuela de corrupción, pobreza, arbitrariedades y caos institucional; es una dictadura en nombre de la democracia; dirigido por un solo poder en los hechos, como resultado de elecciones ganadas a fuerza de abuso de la democracia misma.
Pero la ilegalidad e ilegitimidad del gobierno de Maduro deben ser combatidas aplicando correctamente los mecanismos constitucionales nacionales y del derecho internacional, el respeto a la soberanía venezolana y a la legalidad democrática.
De lo contrario, la transición y sus consecuencias “democráticas” podrán ser también ilegítimas y perderá nuevamente la democracia.
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