Opinión

¿Qué pasa si no hay elecciones antes de agosto?

Por: Cesar A. Noboa Valenzuela

En el curso del presente mes, tuve entre mis manos un artículo publicado en el matutino El Día, suscrito suscrito por el prestigioso abogado Nassef Perdomo, el cual lleva por título ¿Qué pasa si no hay elecciones antes de agosto?

De su lectura se desprenden las siguientes aristas: 1) Que, las elecciones presiden-ciales y congresuales podrán no ser efectuadas en la fecha constitucionalmente prevista. 2) Que, la organización de los comicios debe iniciar después de que cese el peligro pan-démico.  3) Que, las votaciones se celebrarían meses después de que la vida ciudadana vuelva a la normalidad.  4) Que, el Presidente seleccionado no sería interino, sino que ejercería la Presidencia de la República hasta el 16 de agosto de 2024. 5) Que, la Cons-titución no prevé la posibilidad del cese de todos los congresistas.  6) Que, los funcionarios públicos electivos sólo pueden ser sustituidos por personas que hayan ganado elecciones, por nadie más.  El interés marcado del artículo en cuestión radica en su conclusión.  Esta es: Que, lo correcto es que (los funcionarios electos) se mantengan en sus cargos hasta que el proceso electoral pueda llevarse a cabo satisfactoriamente, y lo más pronto posible.

 Las afirmaciones utilizadas para aterrizar de manera atropellada e intencional en las conclusiones deseadas por el distinguido jurista; caen por sí mismas debido a los acontecimientos socio sanitarios acaecidos en nuestro país en los días recientes y por el peso jurídico de las disposiciones combinadas de los artículos 77, 124, 126, 129, 184, 209, 212 y 274 y 275 de la Constitución de la República; de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales; y, del artículo 1, de la Ley del Régimen Electoral de la República Dominicana.  Veamos:

En lo relacionado a la afirmación sobre la posibilidad de suspensión de las elecciones presidenciales y congresuales; esta queda totalmente descartada al ser emitidas las informaciones dadas por el Ministro de Salud Pública; Dr. Rafael Sánchez Cárdenas, en torno a que su gestión administrativa tiene bajo total control la situación pandémica ocasionada por el Corona Virus, logrando que cada día aumente el porcentaje de recuperados.

De su lado, la Junta Central Electoral (JCE) se encuentra trabajando activamente en el montaje de los comicios venideros, lo que se comprueba al observar: 1) La fijación de la nueva fecha para la celebración de las elecciones.  2) El inicio de los preparativos para el montaje de las votaciones.  3) La elaboración del Cronograma de Actividades Electorales.  4) La discu-sión; para su posterior implementación, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, los Partidos Políticos de nuestro Sistema Electoral, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Foro Permanente de Partidos Políticos Dominicanos; de un protocolo para ser utilizado durante las elecciones, el cual garantizaría la no contaminación con el virus de los integrantes de los Colegios Electorales ni de los sufragantes.

En lo atinente a la afirmación del excelso jurista en la dirección de que el Presidente seleccionado no sería interino, sino que ejercería la Presidencia de la República hasta el 16 de agosto del año 2024; es preciso puntualizar que: Acorde a las disposiciones concertadas por los artículos 77, 124, 126 y 274 de nuestra Constitución vigente, el Presidente (a) y el Vicepresidente (a) de la República, los diputados (as) y los senadores (as); serán escogidos por sufragio electoral directo y secreto, por un período de cuatro (4) años, culminando la etapa para la cual fueron seleccionados en el momento mismo de la juramentación de sus respectivos sustitutos, escogidos de similar manera al cumplirse el cuatrienio; y, especificando que el mismo vence el día dieciséis (16) del mes de agosto; es decir, a los cuatro (4) años posteriores a sus respectivas escogencias.

Acorde al mandato consensuado por los artículos 126 y 127 de nuestra Carta Magna vigente, con posterioridad a sus escogencias y antes de iniciar el ejercicio de sus respectivas funciones, los burócratas electos en los comicios generales deben prestar juramento por ante la Asamblea Nacional.  Luego de la prestación de sus respectivos juramentos el Presi-dente (a) y Vicepresidente (a) de la República; iniciaran el ejercicio de las labores para las cuales fueron escogidos.  En el caso de que ambos dignatarios, no pudieren prestar el juramento para el ejercicio de sus funciones, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia ocupará las asignaciones correspondientes de ambos mandatarios hasta tanto cesen las causas que las originaron, momento a partir del cual la administración del Estado pasará a ser su-plida por ambos funcionarios.

Ahora bien, en el caso de la especie objeto del presente análisis, las disposiciones de los artículos 126, 127 y 129 de nuestra Constitución vigente no son las aplicables, puesto que estamos frente a una situación jurídica en la que el período actual se encuentra en el último peldaño de su recorrido constitucional; razón por la que, no estamos frente a un esta-do de impedimento de juramentación; ni de sucesión presidencial en ejercicio, sino frente a una situación de facto que no está contemplada en nuestra Carta Sustantiva, ni en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Dominicano y los Procedimientos Constitucionales, por tratarse una situación sui generis.

Hay que adicionar a lo plasmado en el párrafo anterior que, en la situación actual no se trata de la suplencia de un mandatario; ni de la escogencia de un individuo para completar un tramo faltante de un período administrativo gubernamental, sino de la escogencia de los dignatarios que regirán los destinos nacionales para un nuevo ciclo constitucional, para lo cual se requiere de la celebración de elecciones generales con amplia participación popular.

Es por esta razón que resulta risible; que un experto en Derecho Constitucional, en tiempo en que se está consolidando el Estado Social y Democrático de Derecho en la Repú-blica Dominicana, exprese y pretenda que, un ciudadano que no se ha sometido al balotaje en unos comicios generales libérrimamente organizado pudiese ocupar la presidencia de la República por un lapso constitucional completo; como tampoco resulta razonable que quien maneja la cosa pública en el momento actual y cuyo período expira de dentro de unas pocas semanas, pretenda mantenerse en el manejo de la administración del Estado, máxime cuando el Transitorio Vigésimo de la Constitución vigente le prohíbe permanecer en la Presidencia de la República más allá del período que culmina el 16 de agosto del presente año.

En cuanto a la afirmación dada por el prominente jurista en el sentido de que la Constitución de la República no prevé la posibilidad del cese de todos los congresistas, se nos hace imperativo informarle que el artículo 274 de nuestra Carta Sustantiva establece que el Presidente (a) y el Vicepresidente (a) de la República; y, los representantes legislativos nacionales e internacionales, culminan sus respectivos mandatos el día 16 de agosto de cada cuatro (4) años; y, que a este mandato le complementan bajo el mismo tenor, las estipulaciones contenidas en los artículos 77, 124 y 126 de la Constitución de la República.

Es preciso admitir que NO estoy en desacuerdo con todas las afirmaciones planteadas por el insigne jurisconsulto; y, que por vías de consecuencias, comparto con EL una de sus afirmaciones.  Es esta: ´´los funcionarios públicos electivos sólo pueden ser sustituidos por personas que hayan ganado elecciones, por nadie más´´.  En tal sentido, se nos hace imprescindible dar fiel cumplimiento a los artículos 77 y 124 de la Constitución de la República; y, acudir masivamente a depositar libérrima y pacíficamente nuestros votos, en atención a las convocatorias de participación realizadas por la Junta Central Electoral, asumiendo nuestras responsabilidades y contribuyendo, en las medidas de nuestras posibilida-des con que sendos eventos se materialicen de la forma más pulcra y exitosa posible; los días cinco (5) y veintiséis (26) de julio del presente año.

En principio; lo lógico y razonable es la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales convocadas para ser efectuadas el día cinco (5) de julio, la primera vuelta electoral y el día veintiséis (26) del mismo mes y año, la segunda ronda electiva.

En la hipotética e improbable circunstancia de que las mismas NO pudieren celebrarse en las fechas indicadas y se requieran, por el vacío constitucional existente, nuevas implementaciones constitucionales y jurídicas para suplir el vacío legal suscitado, sería atribución del Tribunal Constitucional de la República suplir los requerimientos y procedimientos que resultaren ser suficientes y necesarios para superar las falencias ocasionadas por las imprevisiones suscitadas.

El Tribunal Constitucional, entidad instituida por el artículo 184 de la Constitución de la República; regulado por los mandatos contenidos en la Ley 137-11 y que tiene como objetivos primordiales garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales; asumiendo el mandato conte-nido en las disposiciones consagradas en los artículos 1, 2 , 3,7, de la Ley que lo consagra y regula como el órgano supremo de la interpretación y el control de la constitucionalidad; está facultado para, amparándose en los artículos 74 de la Constitución; y, 59 de la Ley Orgánica 137-11, arguyendo el Principio de Favorabilidad e interviniendo en un Conflicto de Competencia de Orden Constitucional surgido a raíz del vacío legal acaecido, asumir la solución de la problemática social y ordenar por sentencia de carácter definitiva e irrevocable, la solución de la controversia, bajo los siguientes términos conclusivos:

  • Dictaminar que el período Constitucional 2016-2020, determinado por un ciclo de cuatro (4) años; vence, indefectible e improrrogablemente, el día dieciséis (16) de agosto del año en curso (2020); y, no puede ser prorrogado bajo ninguna circuns-tancia ajena a esta Constitución, máxime cuando el Presidente Constitucional de la República; está inhabilitado para continuar dirigiendo los destinos de la nación, por aplicación del Artículo Vigésimo Transitorio de la Carta Magna vigente.
  • Suplir el vacío que presenta nuestra Carta Sustantiva en lo concerniente a la excep-cionalidad presentada en el momento actual y por vías de consecuencias; dictaminar que acogiéndose a las disposiciones del artículo 129 de la Constitución vigente, el Poder Ejecutivo sea asumido interinamente el Presidente de la Suprema Corte de Justicia; quien, dentro de un plazo que no exceda los treinta (30) días, debe convocar a la celebración de elecciones presidenciales y legislativas.
  • Dictaminar que la Junta Central Electoral, en su condición de Órgano Rector del Sistema Electoral Dominicano; asuma la defensa del ejercicio de los derechos de la ciudadanía a elegir y ser elegibles; y, por vías de consecuencias, proceda en términos inmediatos, a la organización del proceso electoral en el que se elegirán los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial.
  • Dictaminar, que el período 2020-2024, culmina el día dieciséis (16) de agosto del año 2024, independientemente de la fecha de juramentación de los escogidos en los comicios celebrados, considerándose el período del interinato como parte íntegra del lapso que completa el tiempo de los cuatro (4) años de ejercicio gubernamental.

Por   Lic. César Alexander Noboa Valenzuela.

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