Política migratoria y la Constitución

La República Dominicana enfrenta una creciente presión migratoria desde Haití, lo que ha generado desafíos significativos en términos de seguridad, servicios públicos y cohesión social. Este fenómeno ha puesto a prueba la capacidad del Estado dominicano para garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos y mantener la integridad de su territorio.

Cifras recientes reseñan que entre 2021 y 2025, se han registrado más de 115,000 nacimientos de hijos de madres haitianas indocumentadas en hospitales públicos dominicanos, con un promedio de 79 nacimientos diarios. Este fenómeno ha sobrecargado el sistema de salud, especialmente en áreas fronterizas y urbanas, donde la demanda de servicios médicos ha aumentado considerablemente.

Como si fuera poco, en 2024, se reportaron 212 homicidios cometidos por ciudadanos haitianos en territorio dominicano, según datos oficiales. Estos incidentes han generado preocupación en la población y han intensificado el debate sobre la seguridad y la política migratoria del país.

Ante esto, el gobierno dominicano ha intensificado las medidas de control migratorio. En 2024, se repatriaron 276,215 haitianos indocumentados, y en el primer trimestre de 2025, la cifra alcanzó los 86,406. Estas acciones buscan regularizar la presencia de extranjeros en el país y garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias.

Sin embargo, estas medidas han sido objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales, que señalan posibles violaciones de derechos humanos durante los procesos de deportación. Es fundamental que las autoridades dominicanas aseguren que todas las acciones se realicen en estricto cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

La creciente presencia de ciudadanos haitianos en República Dominicana también ha generado tensiones en el ámbito digital. Se han reportado campañas de desinformación y ataques en redes sociales dirigidos a ciudadanos y autoridades dominicanas, lo que ha exacerbado la polarización y el discurso de odio.

Es esencial promover un diálogo constructivo y basado en hechos verificables para evitar la propagación de información falsa que pueda incitar a la violencia o la discriminación.

A pesar de los desafíos, República Dominicana ha demostrado solidaridad con Haití en momentos de crisis. Tras el terremoto de 2010, el país brindó asistencia médica y humanitaria significativa. En 2021, se enviaron más de 30 toneladas de ayuda, incluyendo medicamentos y alimentos, para apoyar al pueblo haitiano en situaciones de emergencia.

Desde una perspectiva jurídica, es imperativo que República Dominicana continúe fortaleciendo su marco legal para gestionar la migración de manera efectiva, garantizando los derechos fundamentales de todos los individuos y preservando la soberanía nacional. La implementación de políticas migratorias claras y justas es fundamental para mantener el orden y la seguridad en el país.

Asimismo, es crucial que se promueva la cooperación internacional para abordar las causas profundas de la migración irregular y se fomente el desarrollo sostenible en Haití, contribuyendo así a una solución duradera y equitativa para ambas naciones.

Fuente: El Pregonero