Mi preocupación sobre el ambiente prebélico que está sufriendo Bolivia y la necesidad de diálogo y entendimiento para solucionar el conflicto

Sería larga de explicar mi íntima relación con Bolivia. Me atrevería a llamarla existencial. Desde hace veinte años sus experiencias me han construido como persona y como profesional. Tengo más amigos bolivianos que de cualquier otra parte del mundo. Estuve casi dos años colaborando con la asamblea constituyente que diseñó un Estado plurinacional, integrador, catalizador de todas las aspiraciones de la diversidad étnica que contiene ese maravilloso país. Quiero a esa tierra y a su gente desde lo más profundo de mi conciencia.

En estos momentos, si nadie lo remedia Bolivia está abocada a un conflicto de dimensiones aún por conocer. Y creo que es importante recordar cuándo las cosas comenzaron a romperse.

Todo empezó cuando el presidente Evo Morales quiso reformar la Constitución para poder ser elegido indefinidamente. La Constitución boliviana de 2009, una de las más democráticas del mundo, determina en su artículo 168 que el Presidente y el Vicepresidente solo podrán ser reelectos una vez. Pero Evo Morales entendió que debía ser reelecto más veces aun cuando llevaba más de una década en el poder. Para ello activó una reforma de la Constitución que lo habilitara para presentarse a unas nuevas elecciones.

Pero la Constitución boliviana (art. 411) solo puede ser reformada mediante referéndum popular, otro elemento característico de su naturaleza democrática. Pues bien; ese referéndum tuvo lugar el 21 de febrero de 2016, y el pueblo mayoritariamente votó NO a la reelección. La voluntad popular, claramente manifestada en las urnas, entendía que el límite a los mandatos en el poder era un fundamento de la democracia. Morales, por lo tanto, perdió el referéndum y ya no podría optar a otra reelección.

Lamentablemente la situación no acabó aquí. Cualquier demócrata que perdiera un referéndum asumiría la voluntad del pueblo. Morales no lo hizo. Buscó un argumento para incumplir la decisión democrática y recurrió al Tribunal Constitucional. En una sentencia (0084-2017) que nadie es capaz de leer sin sonrojarse el Tribunal Constitucional declaró que el límite constitucional al mandato en el poder era inconstitucional (!), y que el referéndum de reforma de la Constitución no tenía efectos en ese sentido. Un dictamen demoledor para la democracia boliviana.

El resto es más conocido. Una gran parte de las bolivianas y de los bolivianos exigieron la aplicación de la voluntad popular manifestada en el referéndum del 21F. La situación se volvió más tensa cuando se convocaron las elecciones presidenciales de 2019. Morales presentó su candidatura y el Órgano electoral la aceptó en contra de la Constitución. Las elecciones tuvieron lugar el pasado 20 de octubre de 2019. Según los datos oficiales, Morales no llegó a la mayoría absoluta, pero la diferencia con el siguiente candidato, Mesa, era de diez puntos y unas décimas. Si hubiera sido de menos de diez puntos se hubiera dado una segunda vuelta que el Presidente quería evitar a toda costa.

Pero todas las pruebas indican que hubo fraude electoral. Cuando se abrieron las urnas los datos obligaban a una segunda vuelta y, de manera inexplicable, la contabilización electrónica de los votos se detuvo a las 7.40h. Cuando se reiniciaron los datos en la web oficial casi 24 horas después la tendencia había cambiado a favor de Morales. La empresa contratada por el mismo Tribunal Supremo Electoral manifestó que los comicios estaban viciados de nulidad. Las protestas populares se intensificaron contra Morales y su Gobierno, que intentaron calmar los ánimos de la gente pidiendo esperar a la auditoría de la OEA. Cuando esta llegó hace unos días fue demoledora, y aconsejó repetir las elecciones.

El pueblo hacía días que se había levantado para luchar por unas elecciones limpias. Cuando se conoció el informe de la OEA en un primer momento Morales llamó a negociar con los partidos que habían obtenido representación parlamentaria; horas después afirmó que convocaría nuevas elecciones. Al final del día renunció a su cargo. Desde entonces el caos se ha adueñado del país y la situación es ahora mismo de tensión permanente, violencia y denuncias por todas las partes.

De lo que se trata en este momento no es de juzgar el gobierno de Evo Morales. Ha sido un Gobierno revolucionario en el pleno sentido del término. La pobreza ha disminuido hasta cifras históricas, la igualdad ha aumentado como nunca en el país, y todos los indicadores sociales muestran lo que se llamó el “milagro boliviano”. Los pueblos indígenas se sintieron por primera vez partícipes de la construcción colectiva. Nadie puede negar esa realidad, que en buena medida se ha debido a la aplicación emancipadora de la Constitución de 2009.

De lo que se trata es del límite al poder en un democracia; de cómo si se hubiera cumplido la voluntad popular nada de esto hubiera pasado. De un pueblo que se levantó pacíficamente contra el desconocimiento de su voluntad y contra un fraude electoral, y esa protesta ha sido aprovechada por varios sectores para polarizar las posiciones, aumentar la violencia y crear un clima prebélico. Y de cómo ahora mismo Bolivia vive un periodo de incertidumbre en el que el conflicto pone en riesgo la democracia misma, así como todos los avances históricos de las últimas décadas.

En estos momentos lo que se requiere es rectificación. Sentarse en la mesa, asumir los errores del pasado y trazar una hoja de ruta para que Bolivia continúe avanzando en su proceso emancipador. Seguir polarizando solo llevará a más conflicto y a más violencia. Dialogar para encontrar soluciones a la situación desde el cumplimiento de la voluntad popular es la única salida que no llevará a un sufrimiento masivo de la población.