La SIP señala libertad de prensa en RD ha estado marcada por incertidumbre en últimos seis meses

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que en los últimos seis meses la libertad de prensa en República Dominicana ha estado marcada por incertidumbre jurídica, tensiones institucionales y nuevas propuestas legislativas que podrían afectar el ejercicio del periodismo y la circulación de información en el país.

En su informe más reciente, la SIP resalta el estancamiento de la reforma de la Ley 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, vigente desde 1962. Aunque el anteproyecto de ley fue elaborado por una comisión especial hace dos años, todavía no ha sido remitido al Congreso Nacional. La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo mantiene el documento en estudio, y la falta de avances pese a declaraciones del presidente Luis Abinader en marzo refleja, según el organismo, falta de voluntad política o diferencias internas sobre el contenido.

La SIP también expresa preocupación por dos iniciativas legislativas sometidas recientemente por los diputados Bolívar Valera y Amado Díaz, quienes propusieron regular a medios digitales, creadores de contenido e influencers, lo que abre interrogantes sobre los límites que podrían imponerse a la libertad de expresión en entornos digitales.

Otro elemento de tensión se produjo tras declaraciones del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien sugirió la necesidad de legislar sobre la difamación, luego de que periodistas fueran acusados sin pruebas de estar vinculados a agencias extranjeras. La SIP considera que este tipo de planteamientos puede tener un efecto inhibidor sobre la prensa y debe manejarse con cautela para evitar criminalizar la opinión.

En el plano judicial, la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) rechazó en noviembre pasado una nueva política de protección de datos implementada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al considerar que limitaba el acceso a información pública de carácter judicial. Según el informe, esta norma otorgaba discrecionalidad excesiva a los jueces para declarar como confidencial información clave para investigaciones periodísticas. Actualmente, una comisión mixta entre la SCJ y la SDD trabaja en una nueva versión del documento.

En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la controvertida Ley 1-24, que creaba el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI). La norma fue ampliamente rechazada por medios y organizaciones de derechos humanos por otorgar facultades desproporcionadas a los agentes estatales, como confiscar datos o interrogar personas sin orden judicial.

El informe de la SIP también denuncia el incumplimiento sistemático de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública. Casos como el de la Autoridad Portuaria Dominicana, que se negó a entregar detalles sobre el arrendamiento de los Astilleros Navales, o EDEESTE, que no respondió a solicitudes del Listín Diario sobre clientes morosos, reflejan una resistencia institucional a la transparencia.

La SIP concluye que, pese a ciertos avances, la libertad de prensa en República Dominicana enfrenta serios desafíos, y llama al Estado a respetar los principios constitucionales, garantizar el acceso a la información y evitar cualquier medida que pueda restringir el ejercicio independiente del periodismo.

Fuente: N Digital