FJT somete amparo de cumplimiento en contra de la Procuraduría y del Poder Judicial para obligarles a implementar la ley de extinción de dominio.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), dio inicio al proceso de sometimiento de amparo de cumplimiento, con la puesta en mora en contra del Consejo Superior del Ministerio Público, y la Procuraduría General de la República, conjuntamente con el Consejo del Poder Judicial para conminarlos a dar cumplimiento, aplicando e implementando la ya vigente Ley No. 340-22 sobre Extinción de Dominio.
En el caso del Ministerio Público, mediante la creación de procuradurías o unidades especializadas para investigar, perseguir los casos relacionados con la recuperación de bienes ilícitos, y para el Poder Judicial, disponiendo de las gestiones y resoluciones necesarias para habilitar las estructuras administrativas y el personal requerido, para que los jueces de corte penal estén en condiciones de juzgar los delitos tipificados en la Ley No.340-22, previo apoderamiento del Ministerio Público.
Para el vicepresidente ejecutivo de FJT Máximo Calzado Reyes, el cumplimiento del deber legal de crear las procuradurías o unidades especializadas y los jueces de corte, derivan indiscutiblemente en una Acción de Amparo de Cumplimiento, surgida debido a la inobservancia de la Ley No. 340-22, especialmente en sus artículos 15, 16 y 104, los cuales establecen la necesidad de contar con estructuras institucionales adecuadas para garantizar la aplicación efectiva del mecanismo de extinción de dominio.
Asimismo, Calzado Reyes manifestó, la Ley No. 340-22 sobre Extinción de Dominio representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y el lavado de activos en la República Dominicana. Su importancia radica en que: Permite recuperar bienes ilícitos sin necesidad de una condena penal, desincentiva el crimen y la corrupción al impedir el disfrute de riquezas mal habidas, cumple con estándares internacionales y fortalece el sistema financiero, y permite la redistribución de los bienes incautados en beneficio de la sociedad.
De igual manera, FJT advirtió que la falta de implementación de unidades especializadas y la ausencia de jueces designados para estos casos compromete la efectividad de la lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción en el país. Es fundamental que las autoridades cumplan con lo dispuesto en la Ley No. 340-22 para garantizar que los bienes obtenidos de manera ilícita sean investigados y recuperados en favor del Estado”, afirmaron los solicitantes.
FJT, espera que los órganos responsables respondan a esta exigencia en el plazo correspondiente, tomando las medidas necesarias para la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, lo cual redundará en una mejora la percepción de justicia y reduce la impunidad, Fortalece la supervisión de operaciones financieras sospechosas, Crea un sistema ágil y especializado para la extinción de dominio.
Finalmente, Calzado Reyes manifestó que, de no adoptarse las medidas requeridas, se dará continuidad en todos los estamentos jurisdiccionales con la referida Acción de Amparo de Cumplimiento, recurso legal que busca obligar a las autoridades a acatar lo establecido en la normativa vigente y garantizar el derecho de los ciudadanos a una justicia efectiva y transparente.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
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