FJT exige revisión profunda y participativa del Proyecto de Ley sobre Libertad de Expresión

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) alza su voz en un momento crucial para la democracia dominicana. Es innegable que el país necesita una legislación moderna y adecuada al contexto actual que regule el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión e información. La Ley 6132, vigente desde 1962, resulta anacrónica frente a los desafíos del siglo XXI. Sin embargo, una actualización legal de esta magnitud no puede hacerse con prisas ni de espaldas a la sociedad.

Modificar una norma tan sensible exige más que buena voluntad: demanda responsabilidad democrática, apertura al diálogo y respeto absoluto a los principios constitucionales. La libertad de expresión no es un privilegio exclusivo de los periodistas ni de los medios tradicionales: es un derecho de cada dominicano. Es la garantía que tienen los ciudadanos de opinar, disentir, investigar, crear y comunicar sin temor ni censura.

En ese sentido, el vicepresidente ejecutivo de la FJT, Máximo Calzado Reyes, advierte que el Proyecto de Ley introducido por el Senado de la República debe ser sometido a una revisión integral y rigurosa. El texto, tal como está concebido, presenta serios vicios de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad que atentan contra derechos fundamentales como: derecho a la intimidad (art. 44),  derecho a la libertad de expresión  e información (art. 49), libertad de empresa (art 50) y  derecho al trabajo (art. 62).

Especial preocupación genera la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), contemplado en el artículo 34 del proyecto. Esta figura, dotada de amplios poderes regulatorios, sancionadores y suspensivos, responde a una lógica de control político más que de garantía institucional. Lo alarmante es que sus integrantes serían propuestos por el Poder Ejecutivo, mientras que su director sería nombrado por decreto presidencial, sin ningún contrapeso democrático o mecanismo de rendición de cuentas.

Además, las sanciones contempladas en la iniciativa —como suspensiones de hasta 90 días y multas de hasta 200 salarios mínimos— resultan desproporcionadas, arbitrarias e irracionales. Nos preguntamos:

¿Estamos ante una ley que busca garantizar la libertad de expresión o ante una herramienta para restringirla y silenciarla?

Frente a este panorama, la FJT sostiene con firmeza que el Congreso Nacional, debe habilitar un espacio de diálogo y consulta amplia, plural y transparente con la participación activa de todos los sectores involucrados: periodistas, juristas, medios tradicionales, plataformas digitales, medios audiovisuales, académicos y sociedad civil. Las vistas públicas no son una opción, son una obligación democrática.

Porque la democracia no se construye acallando voces, sino escuchándolas. No se fortalece con censura, sino con diálogo y respeto al disenso.

Por ello, exhortamos a la ciudadanía, a los comunicadores, a los medios y a las plataformas digitales a mantenerse vigilantes, informados y activos, en defensa de un derecho que no es negociable: el derecho a expresarse libremente.

La Fundación Justicia y Transparencia reitera su compromiso con la defensa de los valores democráticos, el respeto a los derechos fundamentales y el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.

Por: Máximo Calzado Reyes

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES