Fijan el 5 de julio amparo contra licitación Educación

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) aplazó ayer para el 5 de julio el recurso de amparo contra la licitación del Ministerio de Educación para la adquisición  de libros digitales para el nivel secundario de las escuelas públicas para el período 2022-2023, por un valor superior a 2,500 millones de pesos.

La acción  legal fue interpuesta por la empresa Editora Actualidad Escolar,   que asegura  la licitación MINERD-CCC-PEEX-2022-0003 está plagada de irregularidades.

Afirma que cinco empresas que resultaron ganadoras están vinculadas a la misma persona, con ofertas de hasta 106 millones de pesos por encima de las demás propuestas.

Hechos sospechosos

“Resulta sospechoso que las cinco empresas que presentaron las ofertas más altas  resultaron todas adjudicatarias”, indica un documento enviado a los medios de comunicación por la compañía denunciante. Agrega que las ganadoras  “coincidieron con el mismo monto y vigencia en la fianza de cumplimiento presentada”.

Dice que las compras fueron adjudicadas a las empresas  Ediciones Cosme Peña, Ca-Mart Soluciones, Cocolo Editorial EIRL, Editora Unidos del Caribe SRL y Ediciones Salomé y que cuatro de ellas están  vinculadas al empresario Cosme Alexander Peña.

Expresa que la señora Juana Dolores Taveras Castillo, propietaria del 95 por ciento de las acciones de Ediciones Salomé SRL, ganadora de los lotes 7 y 14 del concurso, es hermana de la esposa de Cosme Alexander Peña, Amantina Tavares Castillo, la cual es social en un 50% de la Editora Cosme Peña SRL, ganadora del lote 2.

Sin libros registrados

Además, dice,  las empresas Ca-Mart Soluciones, Cocolo Editorial EIRL y Editora Unidos del Caribe, tres de las compañías ganadoras, no tienen registrados a su nombre ningún libro de texto ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor.

“Los visos de fraude basados en los vínculos y coincidencias antes señalados no pueden ser ignorados”, siguió diciendo.

“La Editora Actualidad Escolar ha querido poner en evidencia dichas irregularidades y defender sus derechos y los del pueblo dominicano, llevando el caso hasta la justicia.”

 

FUENTE. EL NACIONAL