Opinión

Estudio crítico de la Ley sobre el Auxilio de la Fuerza Pública

Por: Nelson Rudys Castillo Ogando

ANTECEDENTES. –

La Fuerza Pública sirve para auxiliar las ejecuciones judiciales y extra-judiciales y, conforme el artículo 26 numeral 14, de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, No. 133-11, del 7 de junio de 2011, el otorgamiento de la misma está a su cargo ya que le corresponde “4. Canalizar la ejecución de las sentencias y decisiones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública.”

Con la intención de disciplinar las ejecuciones de sentencias la Procuraduría General de la República emitió el 11 de noviembre de 2005 la Resolución núm. 14379-05 que establece un “Reglamento para el otorgamiento del auxilio de la fuerza pública” que contenía un conjunto de normas para la concesión de la fuerza pública a los ministeriales que les acompañarían durante la ejecución de decisiones judiciales o extrajudiciales o para trabar medidas conservatorias.

Había sido queja generalizada de los abogados que a pesar de tener sentencias firmes, irrevocables y con autoridad de cosa juzgada no podían hacer las ejecuciones porque los encargados de otorgar la fuerza pública se habían convertidos en escenarios para buscar conciliación o retardar injustificadamente las ejecuciones con la denegación de servicios legalmente debidos contraviniendo, sin consecuencias, la Ley de Organización Judicial y el artículo 234 del Código Penal.

Ese reglamento fue impugnado en inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional dispuso su nulidad otorgando al Congreso Nacional un plazo diferido de dos (2) años, a fin de que legisle, por iniciativa propia o del Poder Judicial, para crear las disposiciones legales necesarias para que los tribunales y juzgados determinados por la ley hagan ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, salvo en materia penal, que sí se encuentra regulado.

La inercia del Congreso Nacional al dejar vencer el plazo de dos años materializó la inconstitucionalidad con todos sus efectos de la Resolución emitida por la Procuraduría General de la República y ello fue razón para que la Suprema Corte de Justicia dicte una Circular fechada el 4 de abril de 2012 en la que se instruye a los ministeriales a obtener la autorización de la fuerza pública para todas las ejecuciones y se les indica que deben acogerse a lo dispuesto en la Resolución antes descrita.

Tanto la Resolución emitida por la Procuraduría General de la República como la Circular emitida por la Suprema Corte de Justicia fueron contradichos en inconstitucionalidad por la Asociación Dominicana de Alguaciles bajo alegatos de que presentaban violación a los artículos 28, letra b; 40, inciso 15; 69, 73 y 74, ordinales 1, 2, 3, 4, de la Constitución de la República.

El TC consideró en la Sentencia No. TC/0110/13, del 4 de julio de 2013, que: “(…) si bien es cierto, que el Procurador General de la República tiene la potestad para dictar resoluciones en lo concerniente al desenvolvimiento y orden de la Procuraduría General de la República, de acuerdo con lo que confiere la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, su facultad reguladora no alcanza a los alguaciles, ya que estos dependen de manera directa de la Suprema Corte de Justicia, tal y como se desprende del artículo 76 de la Ley No. 327-98 sobre Carrera Judicial” (…)

Ante un denominado “vacío legislativo”, el Consejo del Poder Judicial apoyándose en esa sentencia evacuó la Resolución No. 17/2015, del 3 de agosto de 2015, que, nueva vez, establece la obligatoriedad de la fuerza pública para la ejecución de las sentencias que ordenen embargos, desalojos, expulsiones de lugares y otros actos análogos.

Hay que destacar que el magistrado Hermógenes Acosta, juez del Tribunal Constitucional, quien emitió un voto disidente en la sentencia comentada, niega que con anterioridad a la entrada en vigor de la Constitución del 13 de junio del año 2015, existiera un denominado “vacío legislativo” y, agrega, “el legislador no exige al alguacil que solicite la fuerza pública para llevar a cabo la ejecución de una sentencia o cualquier título ejecutorio. Por otra parte, la validez de una ejecución forzosa no está supeditada a la presencia de la fuerza pública. De manera que la referida solicitud no tiene un carácter obligatorio, sino facultativo y voluntario.”

Con todos estos antecedentes los legisladores Henry Merán y Demóstenes Martínez aúnan esfuerzos y elaboran un proyecto de ley para corregir estas distorsiones. El proyecto se aprueba en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República hasta que, el 26 de septiembre de 2019, el presidente de la República, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, lo promulga como Ley No. 396-19, Ley que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias.

CRÍTICA Y NOVEDADES. –

De inicio, nuestras consideraciones críticas advierten que la nueva ley, a pesar de indicar haber visto la Constitución de la República y varias leyes, no toma en cuenta la existencia de la Ley Orgánica del Ministerio Público, No. 133-11, del 7 de junio de 2011, que crea el Estatuto del Ministerio Público, dándole competencia para “canalizar la ejecución de las sentencias y decisiones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública.”

Tampoco dice nada sobre derogaciones a otras legislaciones que les sean contrarias, aunque sí indica claramente en su artículo 33 que: “Esta ley deroga los numerales 2 y 3 del artículo 51 de la Ley No. 140-15 del 7 de agosto del 2015, del Notariado e instituye el Colegio Dominicano de Notarios. Deroga las leyes Nos. 301 y 89-05, de 1964 y 2005, respectivamente, y modifica el Art. 9, parte capital, de la Ley No. 716 del año 1944, sobre funciones públicas de los cónsules dominicanos.”

Dicha ley no tiene ‘vacatio legis’ por lo que, conforme al artículo 109 constitucional, después de transcurridos los plazos para que se repute conocida en todo el territorio nacional su vigencia es plena y de aplicación inmediata.
Con su entrada en vigor, el autor de este articulo pretende que la comunidad jurídica nacional pueda identificar los cambios implantados y reciban las orientaciones de cómo proceder bajo cada uno de los mandatos de esta normativa y, los notarios de manera especial, que sepan que ya por mandato del artículo 33 de esta nueva ley quedan expresamente derogadas las facultades exclusivas que le daban competencia para instrumentar actas de embargo de cualquier naturaleza, así como realizar desalojos, lanzamientos de lugares, protesto de cheques, etc., según mandaban los numerales 2 y 3 del artículo 51 de la Ley sobre Notariado, No 140-15, del 7 de agosto de 2015.

El objetivo de la ley es asegurar la legalidad y la razonabilidad de las actuaciones de los ministeriales actuantes y agentes que lo asistieren en el otorgamiento de la fuerza pública para la ejecución de las medidas conservatorias y ejecutorias sobre muebles e inmuebles; así como a los actos comprobatorios propios de los embargos y apropiaciones inmobiliarias y desalojos de inmuebles y demás medidas para las cuales se requiera la presencia de la fuerza pública.

La única excepción al ámbito de su aplicación es lo relativo a las ejecuciones de ventas condicionales de muebles que seguirán rigiéndose por las disposiciones establecidas en la Ley No. 483, del 9 de noviembre de 1964.

La ley señala que las ejecuciones de las sentencias o de los títulos ejecutorios serán realizadas por un ministerial requerido, quien tendrá que hacerse acompañar de la fuerza pública otorgada por el órgano responsable que es el Ministerio Publico con la única encomienda de brindarle protección para llevar a cabo los actos para los cuales la ley les otorga autorización quedando advertidos que no deberán auxiliar al ministerial para ningún otro acto no previsto en el título que fundamenta la medida o debidamente autorizado por el juez competente.

Hay silencio total sobre la contradicción advertida entre el artículo 12 de la ley y el artículo 598 del Código Civil ya que, mientras el primero dice que el guardián de la cosa embargada no debe tener “vinculación con ninguna de las partes en el proceso hasta el cuarto grado de consanguinidad inclusive”; el segundo, dispone que el depositario o guardián podría ser la misma parte embargada así como “su conyugue, sus parientes, afines y sirvientes” supeditándolo a que presten su consentimiento y que el ejecutante esté de acuerdo.

El artículo 8 de la ley en comento dice que “la autorización de auxilio de la fuerza pública se expide libre de gastos y costas”, pero, al mismo tiempo, agrega que es “sin perjuicio de los impuestos legales y el pago de tasas para gastos operativos” supeditándolo a que sean previamente aprobados por reglamento dictado por el Consejo Superior del Ministerio Público.

Conversando con usuarios del sistema me han mostrado su alta preocupación porque dicen que los impuestos legales son entendibles y hasta justificados, pero “el pago de tasas para gastos operativos” es preocupante porque, ante la carencia de presupuesto que tiene el Poder Judicial podrían convertir este servicio para procurar aumentar sus recursos, máxime ahora que la propia ley les conmina a crear y mantener un Registro Nacional de Asistentes a Embargos.

El registro indicado está a cargo de la Suprema Corte de Justicia y tiene la finalidad de llevar un control de todos los asistentes (participantes) a embargos y medidas conservatorias quienes acompañaran al ministerial en el proceso de ejecución.

La ley, aunque dice en su artículo 34 entrar en vigencia después de su promulgación y publicación, concede a la Suprema Corte de Justicia un plazo de noventa días, a partir de la entrada en vigencia de la ley, para crear el Registro Nacional de Asistentes a Embargos y Medidas Conservatorias y, dentro de ese tiempo, seleccionar el personal, verificar que no tengan antecedentes penales y dotarlos de un carnet de identificación.

Estos “asistentes”, participantes o acompañantes del ministerial actuante, aunque no lo expresa la ley, tendrán que devengar un salario a cargo del presupuesto de la SCJ o de la PGR ya que su obligación consiste en estar disponibles cada vez que se requiera hacer una ejecución porque sus nombres y demás generales deben ser verificados previamente para asegurarse que no tengan relación de consanguineidad hasta el tercer grado inclusive con ninguna de las partes involucradas en el proceso.

Esto es fundamental porque tiene que hacerse constar en el Auto de otorgamiento de la fuerza pública que emita el Ministerio Publico como órgano responsable del permiso con el agravante de que si faltare algún dato no será recibida la solicitud y, en consecuencia, no podrá ser concedida la autorización de auxilio policial. El Ministerio Público dispondrá del plazo de diez días laborables para otorgar el auxilio de la fuerza pública, a partir de la solicitud.

Al solicitar la autorización del auxilio de la fuerza pública es bueno saber que procede, de manera obligatoria, cuando se pretenda ejecutar una sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, previo haber cumplido la formalidad de su registro o cuando se trate de medidas conservatorias con sentencias susceptibles de recursos. Igualmente, si fuere una Ordenanzas en referimiento, una sentencia con disposición de ejecución provisional por parte del juez o una sentencia con ejecución provisional por disposición expresa de la ley.

También, se precisa que el otorgamiento de la fuerza pública es ineludible cuando se persiga una medida ejecutiva basada en la primera copia ejecutoria de las compulsas notariales con crédito cierto, líquido y exigible o de las segundas o ulteriores copias autorizadas por el juez competente tal como se dispone en el artículo 46 de la Ley No.140-15, sobre Notariado, del 7 de agosto del 2015.

Se mantiene la obligatoriedad de conceder la fuerza pública cuando se trate de embargo conservatorio y exista una copia certificada de la autorización, debidamente firmada por el juez y el secretario o, para fines de desalojo, en caso de ocupación ilegal, cuando lo autorice el Abogado del Estado. Entre otros casos.

El auto que otorga el auxilio de la fuerza pública, según se dispone en el artículo 19 de la ley, deberá iniciar su ejecución en un plazo no mayor de noventa días, vencido el mismo, dicho auto quedará sin efecto; sin perjuicio de que pudiere ser renovado, a solicitud de la parte interesada.

LAS MEDIDAS CONSERVATORIAS

La solicitud de fuerza pública para trabar las medidas conservatorias debe hacerse mediante instancia firmada por el alguacil actuante designado por el acreedor o cualquier persona que sea titular de derechos para la ejecución.

Para que sea recibida la solicitud de autorización de fuerza pública para trabar medidas conservatorias debe especificar el lugar, propósito y naturaleza de la medida. Debe contener, además, los nombres y demás datos generales del alguacil actuante, la copia del título ejecutorio que servirá de fundamento a la medida, los datos generales del persiguiente de la medida, de la persona contra quien se persigue la medida y de las personas propuestas para asistirle en el proceso de ejecución.

Hay que tener muy pendiente que la solicitud debe especificar que se indique en la resolución a intervenir el nombre del procurador fiscal correspondiente, que acompañará al alguacil en la ejecución de la medida y la jurisdicción donde ejerce su función. El párrafo del artículo 10 de la ley aclara que si en la solicitud faltaren algunos de los contenidos dispuestos en este artículo, no será recibida.

EL TRASLADO DE BIENES EN CASOS DE EMBARGOS

Queda consignado en la ley que en los casos de embargos conservatorios el alguacil actuante no podrá disponer el traslado de los bienes del lugar de la medida a otro lugar diferente, salvo que la ordenanza del juez competente expresamente lo haya autorizado. El guardián designado, dice el artículo 12, debe tener domicilio conocido, no tener antecedentes penales ni vinculación con ninguna de las partes hasta el cuarto grado de consanguinidad inclusive.

Si se tratare de un embargo ejecutivo, el ministerial podrá trasladar los bienes desde el lugar de la medida hasta otro lugar, haciendo constar el lugar donde serán depositados y las personas bajo quienes quedará su guarda.

En caso de que sea necesario, se puede solicitar la revocación del guardián por instancia motivada, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su designación y el juez de ejecución o su equivalente debe resolver la petición dentro de los cinco días contados a partir de su recepción. Lo preocupante de este señalamiento es que no sabríamos cómo resolver la situación en caso de que el depositario deba ser solicitado su revocación por causas surgidas posteriores a su designación y ulteriores al plazo que establece la ley.

DE LAS MEDIDAS EJECUTORIAS

Cuando la solicitud de autorización de fuerza pública persiga trabar medidas ejecutorias debe contener: Los nombres y demás datos generales del persiguiente de la medida y de la persona contra quien se persigue la medida.

Como pruebas documentales hay que anexarle copia certificada del título que sirve de fundamento a la medida perseguida; copia de la cédula de identidad y electoral de las personas que acompañarán al ministerial en el proceso de ejecución; el acto de notificación al deudor del título que fundamenta la medida perseguida; la constancia de que no existe recurso pendiente de decidir cuando haya intervenido sentencia, salvo que la ley ordene su ejecución no obstante cualquier recurso.

Así mismo, el acto de notificación de mandamiento de pago, si se tratare de embargo; la copia del acto del ministerial actuante contentivo de la intimación a abandonar el inmueble notificada a la persona en contra de quien se procura la medida, si aplica y, el requerimiento de que se indique en la resolución a intervenir el nombre del procurador fiscal correspondiente, que acompañará al alguacil en la ejecución de la medida y la jurisdicción donde ejerce su función. Todos estos requisitos son bajo pena de no recibir la instancia de solicitud.

DEL AUTO DE OTORGAMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA

El auto de otorgamiento de fuerza pública que emita el Ministerio Publico debe contener: La descripción del título que da lugar a la ejecución; la indicación precisa del domicilio donde se va a efectuar la ejecución y el lugar donde serán depositados los bienes embargados, en caso de traslado.

Además, el nombre y demás generales del alguacil autorizado y de todas las personas autorizadas para asistirlo en el proceso de ejecución, así como la identificación del procurador fiscal que encabezará la fuerza pública y acompañará al ministerial en la ejecución a los fines indicados en esta ley.

Igualmente, debe constar en el acto de otorgamiento de fuerza pública, la orden expresa a los oficiales y agentes de la policía que acompañarán al ministerial autorizado en la actuación y el nombre completo y número de cédula de identidad de la persona física o el nombre y cualquier otro dato que identifique la razón social contra la que se ejecutará la medida.

FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público, antes de dictar el Auto de otorgamiento de la fuerza pública, podrá solicitar cualquier documentación que entienda útil, así como realizar las investigaciones o inspecciones que entienda prudente para asegurar que no haya errores ni excesos en la ejecución.

Este Auto es ejecutorio de pleno derecho, sin embargo, el Ministerio Público podrá suspender u ordenar el retiro del auxilio de la misma, cuando compruebe que ha sido otorgado como consecuencia del fraude o engaño por parte del persiguiente, o a solicitud.

DE LA CONCILIACIÓN

Los miembros del Ministerio Público no podrán, de oficio, promover ningún tipo de conciliación o mediación cuando reciban solicitudes de auxilio de fuerza pública para la ejecución de sentencias o de títulos ejecutorios. La conciliación solo podrá proceder a solicitud de alguna de las partes y haciendo acompañar su pedimento con los méritos que harán valer sus pretensiones.

Si se produce la conciliación, se levantará acta. El cumplimiento de lo acordado, extingue la solicitud de fuerza pública, pero, si una de las partes incumple sin causa justificada las obligaciones pactadas, el procedimiento continúa como si no se hubiere conciliado.

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

La violación a uno cualesquiera de los artículos de la ley implica exponerse a sanciones penales de prisión y multa y a sanciones disciplinarias. Así, por ejemplo, cuando se ejecute cualquiera de las medidas reguladas por esta ley, sin la previa autorización al alguacil y sin la presencia de la fuerza pública, la falta es considerada como muy grave que conlleva la destitución, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en la ley.

Las sanciones disciplinarias al Procurador Fiscal que cometa una falta serán impuestas por la Procuraduría General de la república y, cuando el infractor sea un alguacil o personas inscritas en el registro nacional de asistentes queda a cargo de la Suprema Corte de Justicia imponer la sanción correspondiente, tal y como lo dispone el artículo 76 de la Ley 327-98 sobre Carrera Judicial.

Los comportamientos extralegales en que incurra el ministerial actuante se sancionaran con penas de prisión y multa en un rango que oscila entre tres años de prisión y diez años de prisión y multas que inician en diez salarios mínimos hasta un máximo de cincuenta salarios del sector público.

Las sanciones penales a que se exponen los abogados, la parte ejecutante y los “participantes” de los embargos, cuando sus actuaciones están fuera de lo que indica la ley, es la pena de entre tres y cinco años de prisión y multas desde diez salarios hasta cincuenta salarios, según la gravedad de la violación.

Si la violación a la ley proviene del Alguacil o del Ministerio Publico por ejecutar cualquier medida conservatoria o ejecutoria sin la previa autorización de la fuerza pública se harán acreedores de la sanción disciplinaria de la destitución del cargo

Los artículos del 23 al 30 de la ley describen como contrarias las siguientes actuaciones:

a) La ejecución de un embargo o medidas conservatorias sin un título ejecutorio, se sancionará con prisión de tres a cinco años y multa de diez a cincuenta salarios mínimos del sector público.

b) La ejecución de medidas ejecutorias y conservatorias inobservado el procedimiento establecido en esta ley, se sancionará con la pena de tres a cinco años de prisión y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público.

c) El abogado o el ejecutante que requiera o participe en la ejecución de un embargo o medida conservatoria sin título ejecutorio, se castigarán con una pena de uno a tres años de prisión y multa de veinte a cincuenta salarios mínimos del sector público.

d) El que comete falsedad en la instrumentación de las actas que se levantaran en la ejecución de un embargo o medida conservatoria, será sancionado con una pena de tres a diez años de prisión y multa de diez a cincuenta salarios mínimos del sector público.

e) La distracción de los bienes embargados, será sancionada con una pena de tres a diez años de prisión y multa de diez a cincuenta salarios mínimos del sector público.

f) El embargo o medida conservatoria realizada a bienes de un tercero, por inobservancia del procedimiento establecido en la presente ley, será sancionado con una pena de tres a cinco años de prisión y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público.

g) El abogado, el ejecutante o tercero no autorizado conforme los preceptos de la presente ley, para participar en calidad de cargador en la ejecución de embargo que se realice en una acción o conducta prohibida por la presente ley, se sancionará con pena de tres a cinco años de prisión y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público.

h) La venta irregular, o distracción de bienes embargados será sancionada con pena de tres a diez años de prisión y multa de diez a cincuenta salarios mínimos del sector público.

Cuando la violación a la ley es promovida o cometida por una persona jurídica, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda retenérseles a las personas físicas que incurran de modo personal en las comisiones u omisiones señaladas, el artículo 31 de la ley indica claramente que podrá ser penada con la clausura temporal de todos o parte de sus establecimientos comerciales; con la disolución legal; con la revocación temporal o definitiva del permiso para realizar sus actividades comerciales.

Si la persona jurídica infractora es pertenecientes a los sectores financieros, bursátiles o comerciales, la sanción a la que se expone seria de la inhabilitación temporal o definitiva para hacer llamado público al ahorro, en para colocar títulos o valores. Una o más de esas sanciones pueden aplicárseles al mismo tiempo.

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